Este lunes 8 de julio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid presentó la Memoria del año 2012, en la que destacan (para mal) cifras de la jurisdicción social, ya que por efecto de la crisis ha visto aumentada su carga de trabajo en un 8,75 por ciento.
Por jurisdicciones, los datos son los siguientes: en la jurisdicción civil los asuntos ingresados han aumentado un 4,96 por 100; en Penal han descendido un 2,02 por ciento, en Contencioso-Administrativo han descendido un 33,09 por 100 y en lo Social han aumentado el ya referido 8,75 por 100.
Y aunque me ocupo sobre todo de la jurisdicción social, me llama la atención la caída en picado de los asuntos contencioso-administrativos. Hay que recordar que el último o penúltimo cambio de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa introdujo la condena en costas al litigante vencido. Y luego la ley de tasas (que para recurrir en apelación una sentencia contenciosa son 800,00 euritos. Sí, has leído bien, 800,00€ de tasa). El contencioso resuelve, entre otras cuestiones, multas de tráfico, temas de licencias de apertura de locales de negocio, responsabilidad patrimonial de la administración (que vas por la calle y te caes es un socavón sin señalizar). Total, que si eres el comerciante o el particular con la pierna rota, pagas entre 200 y 350 para empezar, si pierdes, pagas (las costas), y si recurres 800,00 más (y todavía no has pagado a ningún profesional para que te defienda). No tengo yo tan claro que esa caída en picado sea muy buena noticia, salvo para los jueces de la materia y para la administración, que si antes era la parte fuerte ahora es la más fuerte. Así que vamos a solucionar el colapso de la Administración de Justicia impidiendo el acceso a la Administración de Justicia. (La falta de inversión durante décadas ni se menciona). Jó, cómo no se nos había ocurrido antes.