Tengo la impresión de que no está causando ningún revuelo la reforma de las pensiones, quizá por la complejidad técnica de la materia. El proyecto de ley sigue su tramitación en el congreso, de donde saldrá sin mácula, previsiblemente. Se llama Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, ¿y qué dice?, ¿qué es eso del factor de sostenibilidad? Pues, resumidamente, consiste en calcular las pensiones aplicando un factor (el factor de sostenibilidad) que vincula el importe de la pensión individual a la evolución de la esperanza de vida prevista de los pensionistas, es decir, a proyecciones demográficas de carácter general, inciertas, variables y manipulables y en las que, por cierto, salen (salimos) perdiendo las mujeres que somos las que recibimos los salarios más bajos, tenemos los contratos más precarios y a tiempo parcial y mayor esperanza de vida.
Como pone de relieve el Consejo Económico y Social en su informe al anteproyecto de ley, la memoria del anteproyecto de ley es deficiente en cuanto al estudio de las variables que afectan al sistema de pensiones. Incide de manera principal en las cuestiones demográficas sin tener en cuenta que el sistema de pensiones español es esencialmente contributivo, por lo que el principal factor de deterioro del mismo en los últimos años no es demográfico, sino consecuencia del desplome del empleo y las cotizaciones, de lo que no se habla en dicha memoria. Asimismo, no tiene en cuenta el factor de incertidumbre y la variabilidad de las proyecciones demográficas, por lo que considera que deberían haberse estudiado fórmulas de financiación en vez de recurrir a vincular el importe de la pensión individual a la evolución de la esperanza de vida prevista de los pensionistas con arreglo a unas tablas de mortalidad que, encima, realizará la propia de la Seguridad Social (el organismo pagador).
Llegados a este punto, es importante decir que el “comité de expertos” que se nombró para elaborar el anteproyecto de ley estaba formado por personas estrechamente vinculadas a la patronal de seguros y a la banca. Solo tres de doce no tenían ese perfil. Aquí están sus currículums:
http://www.diariocritico.com/nacional/recortes-sociales/pensiones/jubilados/436413
Ahora, la OCDE alerta a España sobre el empobrecimiento de sus pensionistas instándonos a que nos hagamos planes de pensiones que, según este organismo, van fenomenal en Holanda y Dinamarca, esos países a los que somos tan parecidos. Además, la OCDE dice, eufemísticamente, que estos sistemas han estado sometidos a mucha presión en los últimos años “por el clima de desconfianza hacia el sector financiero”. Aun así, destacan que en países como Dinamarca y Holanda, con una “gestión prudente y efectiva” han dado buenas rentabilidades. (La OCDE pide a España que “vigile” la pobreza de los nuevos pensionistas(Cinco Días, 27-11-2013)
De lo que no dice nada la OCDE es sobre qué sugieren hacer con aquellas personas con salarios más bajos que no puedan hacer frente al pago de un plan de pensiones de esos holandeses de “gestión prudente y efectiva”. Ni de aquellos que ya no lleguen a tiempo para asegurarse por medios privados la merma que va a experimentar su pensión.
La crisis ha venido muy bien para según qué cosas. Para instaurar un discurso ideológico del miedo, por ejemplo, respecto de un sistema que lleva muriéndose, según los agoreros, casi desde que se creó, aunque todavía tiene un fondo de reserva, sin gastar, superior a los 63.000 millones de euros. Estos datos figuran en el excelente artículo publicado en El País Alguien vuela sobre las pensiones públicas escrito por José Luis Monereo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada y Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, que también dejo enlazado. El título lo dice todo.
