En el BOE del pasado 30 de enero se ha publicado esta orden:

Me parece muy bien que se luche contra el empleo irregular y contra el fraude a la seguridad social. Si se luchara también contra el empleo precario me parecería todavía mejor, pero la realidad últimamente es estropajosa y hay que aceptarla. Ahora bien, dice la orden que esa unidad de nombre rimbombante  se va a crear sin incremento del gasto (¿?), con ámbito de actuación nacional, dependiendo de la Inspección de Trabajo, y para desarrollar las funciones que le encomiende la autoridad central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la persecución de los delitos en materia de empleo irregular y fraude a la seguridad social y en particular, sigue diciendo la norma, las tareas de inspección, coordinación, asesoramiento y apoyo que resulten necesarias. Pero ¿eso no lo hace ya la inspección de trabajo? Y ¿por qué en vez de reforzar a la inspección de trabajo para que sancione y recaude se refuerza la persecución de estas ilegalidades como delitos ante los juzgados de lo penal para que se resuelvan con condenas de prisión y cero recaudación? ¿Para que sea vea lo machote que es el gobierno?

Estaré atenta al funcionamiento de esta unidad, a ver qué nos depara.